Uso excesivo de la fuerza contra personas detenidas por parte de agentes de policía, malos tratos físicos en las cárceles en áreas sin cobertura de cámaras de videovigilancia que llegaron a “un nivel de violencia alarmante”, prisiones donde hay escasez de personal sanitario y la asistencia en salud mental presenta graves deficiencias estructurales. Estos son los puntos más destacados que señala el informe de visita del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) a centros de detención en España, que fue realizado entre los años 2025 y 2026. En esta ocasión se visitaron comisarias y prisiones en Andalucía y Madrid, además de un centro de menores en Badajoz.
El informe recopila situaciones graves de fuerza excesiva y malos tratos físicos en el momento de la detención por parte de la policía o durante el traslado y custodia por parte de los agentes, que “en numerosas ocasiones” fueron corroborados por marcas físicas e informes médicos“.
El CTP pone sobre la mesa casos en los que los detenidos fueron esposados de forma prolongada, se les agredió mediante bofetadas tras la detención, mientras que a otra persona arrestada en los calabozos de la comisaría fue golpeado con puñetazos y patadas por seis agentes de policía, otro recluso fue agredido con porras en la frente y se pateó a un detenido en las costillas y en la cara.
En el informe se reitera sobre graves problemas de ventilación, falta de luz natural y ausencia de timbres de llamada en comisarías de Madrid como Leganitos, Tetuán y las dependencias judiciales de Plaza de Castilla. El informe señala que hay una notable mejora en las prisiones de Madrid VII y Sevilla II, aunque tres internos del centro sevillano, que sufrieron fuerza física y alegaron haber sido agredidos por funcionarios, fueron trasladados repentinamente a otras cárceles, coincidiendo exactamente con el primer día de la visita del CPT.
Además, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura denunció una “situación sumamente preocupante en Algeciras, Huelva y Puerto III”, donde se identificó un patrón reiterado de malos tratos físicos aplicados por funcionarios en áreas sin cobertura de cámaras de videovigilancia.
“Un nivel de violencia alarmante” en centros penitenciarios
En estos centros penitenciarios el CPT constató casos de “un nivel de violencia alarmante” sobre personas vulnerables. Por ejemplo, en la prisión de Algeciras un interno con esclerosis múltiple en silla de ruedas fue reducido por cinco guardias y trasladado a una habitación de la enfermería donde recibió puñetazos y patadas en el cuerpo, mientras que una interna que se encontraba en estado de agitación al exigir su medicación fue reducida en su celda por seis funcionarios, quienes la golpearon varias veces con porras de goma en las piernas.
En la cárcel Puerto III, un preso muy nervioso fue abordado por diez funcionarios en su celda. Posteriormente, denunció haber sido inmovilizado boca abajo, esposado por la espalda y golpeado con porras en las plantas de los pies, además de recibir puñetazos y patadas. En este centro, un interno en silla de ruedas fue agredido por funcionarios con golpes de porra en la cabeza y el torso y patadas en las piernas, documentándose heridas en la espalda, glúteos y hombros.
Mientras que en la cárcel de Huelva el médico del CPT constató que un interno fue agredido con porras en la espalda estando esposado y, posteriormente, un funcionario le estrelló la cabeza tres veces contra la pared, mientras que otro le golpeó la zona lumbar con la raqueta metálica de detección de objetos.
Falta de médicos
El informe resalta la escasez de médicos en prisión, con más de 100 vacantes a nivel nacional, lo que provoca demoras de meses para citas médicas. El CPT destaca además que los exámenes médicos obligatorios tras incidentes se realizan casi siempre a través de rejas y ante la presencia de los propios guardias agresores, invalidando cualquier tipo de confidencialidad.
Por otro lado, la investigación recalca que la asistencia en salud mental para los internos en las prisiones españolas presenta graves deficiencias estructurales, marcadas por la falta de personal especializado, un elevado uso de psicofármacos sin revisiones periódicas y un enfoque que prioriza la seguridad o la disciplina sobre el tratamiento terapéutico.
Como ejemplo de esta situación, el CPT pone como ejemplo la prisión de Puerto III, donde el psiquiatra visitante tenía programadas consultas para 87 internos en una sola mañana. Ante la alarmante falta de atención, muchas familias de los internos se ven obligadas a pagar consultas privadas para que un especialista particular visite a sus familiares dentro de la cárcel, según el informe.
Si entre el 50% y el 60% de los internos están bajo tratamiento con psicofármacos (un 46% en Puerto III, un 55% en Huelva y aproximadamente un 55% en Madrid VII), debido a la escasez de psiquiatras, muchas prescripciones no se revisan durante meses. Además, en el informe se recoge la preocupación por la prescripción prolongada de medicamentos con alto potencial adictivo y la combinación de ansiolíticos y anticonvulsivantes en internos que no presentan diagnósticos neurológicos que lo justifiquen.
Los miembros del CPT también visitaron en centro de internamiento de menores Vicente Marcelo Nessi, en Badajoz. El informe detalla graves acusaciones de fuerza excesiva y malos tratos físicos sistemáticos aplicados por el personal de seguridad privada del centro, mediante el golpeo con porras de goma o menores atados a la cama por una de sus extremidades, una práctica prohibida por la ley para menores de edad. Además, el centro presenta un ambiente sumamente carcelario y las celdas de aislamiento de menores en el sótano no cuentan con timbres de llamada ni acceso a inodoros.
Recomendaciones para España
Las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura para el Gobierno español van desde tolerancia cero ante la violencia y que haya cámaras de vídeo en todas las áreas, incluidas las salas de registro y los pasillos; implementar rigurosamente los principios del Protocolo de Estambul sobre partes de lesiones, donde los médicos de prisiones no deben examinar a los internos a través de las rejas ni en presencia de los funcionarios.
Además, se propone poner fin definitivo a la inmovilización de internos a camas por motivos regimentales o de seguridad, especialmente en Cataluña, donde más se sigue haciendo, según el informe; traspasar la competencia de la sanidad penitenciaria de la administración central de Interior a los servicios de salud de las comunidades autónomas y prohibir el uso de porras de goma contra menores de edad e instalar timbres de llamada de forma prioritaria en todas las celdas.
