El Congreso de los Diputados se fue de vacaciones el pasado jueves y no está previsto que vuelva a reunirse en sesión plenaria hasta el próximo mes de septiembre. También el Gobierno se va a tomar unas semanas de descanso en las que no habrá reuniones ordinarias del Consejo de Ministros. Pero, entre bambalinas, al Ejecutivo le espera un agosto movido, ya que será en plena canícula cuando tendrá que negociar los apoyos para convalidar —a inicios del nuevo curso político— el decreto de vivienda que aprobará el próximo martes. Y esa negociación se prevé enormemente compleja, puesto que el Gobierno se va a enfrentar al mismo desafío que le ha complicado toda la legislatura: el de hacer encaje de bolillos para satisfacer a sus socios de derechas sin perder a los de izquierdas por el camino.
PSOE y Sumar cerraron el pasado miércoles el acuerdo en el seno del Gobierno sobre el contenido del decreto que aprobará el Consejo de Ministros este martes. Se trataba tan solo de un borrador, con casi una semana por delante para modificar los puntos que fuera necesario para facilitar su convalidación en septiembre. Pero, aunque el Ministerio de Vivienda ha mantenido contactos desde hace semanas con Junts para introducir algunas de sus reivindicaciones en el texto, el paquete de medidas no solo no ha logrado —al menos en primera instancia— el apoyo de los independentistas, sino que también ha soliviantado al otro actor clave para que el decreto siga vigente después del parón de verano: Podemos.
Las críticas de unos y otros tienen que ver con diferentes puntos del texto, pero revelan que el Gobierno tiene trabajo por delante para intentar conciliar los puntos de vista de sus socios progresistas y conservadores, algo especialmente complicado en un ambiente que cada vez más abiertamente es de precampaña electoral. De hecho, fuentes de Junts afeaban el pasado jueves la primera propuesta del Ejecutivo e interpretaban que, habiendo elaborado un decreto “amplio” en lugar de uno “pequeño y con medidas de consenso”, La Moncloa demuestra que “no tiene interés de que salga adelante, sino en hablar de su libro y hacer campaña” electoral.
Pese a la frialdad con la que han recibido la primera propuesta pública del Gobierno, Junts no se ha cerrado en banda a negociar, aunque un dirigente de la formación deja claro que, “tal y como está ahora”, los independentistas no van a apoyar un decreto que consideran “más de lo mismo”.
Otras fuentes del partido sostenían el mismo miércoles que su voto será negativo al texto “si mantiene las medidas que perpetúan las okupaciones y no protegen ni al inquilino ni al pequeño propietario”. El borrador del decreto elaborado por el Ejecutivo no incluye la propuesta de Junts de desgravar impuestos a todos los inquilinos —se limitan esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, no recupera la exención fiscal para los pequeños propietarios hipotecados y tampoco establece medidas para facilitar los desahucios exprés.
La reforma de la ley del suelo, un escollo inesperado
Para Junts, por el contrario, no resulta tan problemática otra de las patas del decreto que sí supone una línea roja para Podemos: las modificaciones en la ley del suelo para dar más manga ancha a las administraciones para promover actuaciones urbanísticas. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, calificó el pasado jueves de “reforma de la ley del suelo con adornos” el paquete de medidas planteado por el Gobierno, y dejó claro que su partido no piensa apoyar la convalidación del decreto si incluye artículos que, a juicio de Podemos, suponen “abrir una autopista a los pelotazos urbanísticos”, “legalizar muchísimos proyectos ilegales” y “abrir la puerta a más especulación”.
Fuentes de Podemos abundaban la semana pasada en ese razonamiento, y dejan claro que no van a apoyar —y tampoco a abstenerse— en la votación del decreto si incluye cambios en la ley del suelo, que el PSOE ha intentado aprobar sin éxito en varias ocasiones durante la legislatura.
Los morados no ven con malos ojos las medidas que se han incluido en relación estrictamente a la vivienda, entre ellas la iniciativa estrella del texto, la posibilidad de solicitar una prórroga de dos años de todos los contratos de alquiler que venzan antes del 1 de julio de 2028. Pero fuentes del partido aseguraban que “la eliminación de los artículos que afectan a la ley del suelo es una condición ineludible para poder negociar el resto del texto”. Y la aritmética parlamentaria está de su parte: con su voto en contra, al Gobierno no le dan los números para convalidar el decreto, incluso con el apoyo de Junts.
Pero el Ejecutivo también ha recibido presión por su derecha precisamente para lo contrario que exige Podemos: que el decreto sí reforme la ley del suelo. El PNV, cuyos votos también son imprescindibles para que el texto sea aprobado, ha pedido cambios en la norma que van en la línea que el Gobierno —y el PSOE, fundamentalmente, que es la formación que ha intentado con más ahínco reformar la ley del suelo esta legislatura— ha seguido al diseñar su borrador. En una nota de prensa enviada el miércoles pasado, los nacionalistas vascos aseguraron que es “imprescindible dar mayor seguridad jurídica y agilidad a los planeamientos urbanísticos” para que, “si después de años de trabajo existe un error que puede subsanarse”, así se haga “y no tirar todo el planeamiento y volver a empezar”.
Ante esta compleja geometría parlamentaria, el Gobierno ha decidido optar por la discreción. El ala socialista se limita a afirmar que lo pactado con su socio de Consejo de Ministros es únicamente un primer texto que poder negociar con los grupos. Mientras tanto, Sumar se centra en celebrar los aspectos que considera más positivos del decreto: la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y la prórroga de los contratos de alquiler por dos años al mismo precio, que además se extenderá a todos los arrendamientos que venzan hasta el 30 de junio de 2028. “Estoy convencido de que seremos capaces de encontrar un acuerdo”, planteaba el jueves el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Pero, para ello, al Ejecutivo le espera una negociación intensa a varias bandas durante todo el mes de agosto.
