El Gobierno cubano ha hecho pública este lunes la lista completa de los 2.010 presos indultados el pasado mes de abril en una de las mayores excarcelaciones realizadas en la isla durante los últimos años.
La publicación, aparecida en la Gaceta Oficial de la República, incluye nombres, causas judiciales y tribunales de las personas beneficiadas por el indulto firmado por el presidente Miguel Díaz-Canel.
Pero la medida ha vuelto a abrir inmediatamente el debate sobre los presos políticos en Cuba.
Y especialmente sobre cuántos de ellos han sido realmente incluidos en la liberación.
Solo un preso político identificado por ahora
La gran polémica ha llegado desde la ONG Prisoners Defenders, con sede en Madrid. La organización asegura que, tras revisar la lista oficial, únicamente ha podido confirmar hasta ahora la presencia de un preso político entre las más de 2.000 personas indultadas.
El dato ha generado un enorme contraste con el relato oficial del Gobierno cubano, que presentó la medida como un "gesto solidario humanitario y soberano" vinculado además a las celebraciones religiosas de Semana Santa.
Qué dice el Gobierno cubano
El decreto presidencial, firmado por Díaz-Canel, explica que los indultos se conceden teniendo en cuenta las características de los hechos cometidos, la conducta y el tiempo ya cumplido de la condena.
El Ejecutivo cubano detalló además que entre los beneficiados había jóvenes, mujeres, también mayores de 60 años, extranjeros y cubanos residentes fuera de la isla.
Al mismo tiempo, dejó claro que quedaban excluidos condenados por delitos graves como asesinato, agresión sexual, homicidio, narcotráfico o robos violentos.
El trasfondo político del indulto
Aunque La Habana insiste en el carácter humanitario de la medida, las excarcelaciones llegan en un contexto político especialmente delicado.
Las primeras liberaciones coincidieron precisamente con el inicio de contactos entre representantes cubanos y la Administración estadounidense.
Y ahí es donde organizaciones de derechos humanos ponen el foco.
Porque Prisoners Defenders ya había denunciado anteriormente que en otra excarcelación reciente -la de 51 presos anunciada en marzo- solo 27 eran considerados presos políticos.
Muchos de ellos estaban encarcelados por participar en las históricas protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
Aquellas movilizaciones, conocidas como el 11J, marcaron el mayor estallido social vivido en Cuba en décadas y terminaron con cientos de detenidos y condenas muy duras por delitos como sedición, desacato o desórdenes públicos.
El quinto gran indulto desde 2011
El Gobierno cubano subraya que esta es ya la quinta gran medida de este tipo desde 2011.
Según cifras oficiales, más de 11.000 personas se han beneficiado de indultos durante ese periodo.
La Habana también ha querido vincular parte de estas decisiones a la relación con el Vaticano y al contexto religioso de la isla.
De hecho, la excarcelación anunciada en marzo fue presentada explícitamente como un gesto dentro del marco de las "estrechas y fluidas relaciones" entre Cuba y la Santa Sede.
La gran pregunta sigue siendo la misma
Más allá de los números, el debate vuelve a girar alrededor de una cuestión que lleva años persiguiendo al régimen cubano: qué considera exactamente Cuba un preso político.
Mientras el Gobierno habla de delincuentes comunes o personas condenadas por alteración del orden público, organizaciones internacionales y ONG de derechos humanos sostienen que muchos de los encarcelados tras el 11J fueron condenados simplemente por protestar contra el sistema.
Y ahora, tras publicarse la lista completa de los 2.010 indultados, la sensación de muchas organizaciones es que el gesto humanitario anunciado por La Habana apenas ha tocado el núcleo de esa discusión.
