La pasarela para que miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos transfieran sus cotizaciones a la Seguridad Social ha recibido este martes el visto bueno de la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, con la abstención del PP, Vox y Junts, con muchas críticas al Gobierno por el veto de varias enmiendas presentadas por la oposición. La ley va rumbo a su votación en el Pleno del Parlamento, prevista el próximo 10 de junio, un examen clave para su aprobación y para su contenido, con varios detalles aún abiertos.
La sesión celebrada en la Comisión de Trabajo ha dejado aún varias enmiendas “vivas” para que se voten en el Pleno del Parlamento, por lo que no solo está pendiente la aprobación de la propia pasarela para los mutualistas, sino también el detalle de algunos de sus artículos.
Por ejemplo, este martes los portavoces de Sumar y del PSOE han mencionado en sus intervenciones una importante novedad, incorporada en este último momento, pendiente de la votación del Pleno: rebajar a 52 años –desde los 55 años inicialmente propuestos– la edad a partir de la cual la ley da un trato más favorable a los mutualistas y considera que cada mes cotizado en la mutualidad equivale a un mes cotizado en la Seguridad Social.
Fuentes de Sumar indican a elDiario.es que se trata de una iniciativa en una enmienda de su grupo parlamentario.
Veto al acceso de 47.000 mutualistas con el mínimo cotizado
El Gobierno ha vetado varias enmiendas presentadas por la oposición, lo que ha suscitado duras críticas de PP, Junts y Vox. Especialmente, el PP se ha referido a una enmienda pactada con Junts para permitir el acceso a la pasarela a los trabajadoras que hayan sumado el mínimo de años cotizado para acceder a una pensión en la Seguridad Social, con el objetivo de que pudieran transferir el dinero cotizado previamente en la mutualidad.
El Ejecutivo ha vetado esta enmienda, por motivos presupuestarios, con la exclusión de “47.000 mutualistas”, ha cifrado el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua. Tanto PP, como Junts y Vox han denunciado que el Ejecutivo no ha argumentado suficientemente el efecto presupuetario suficiente para el veto y han denunciado la imposibilidad de debatir y votar sus propuestas.
La proposición de ley presentada por el grupo socialista tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos (“300 y 400 euros”), incluso por debajo de las pensiones no contributivas.
La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.
El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.
Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.
Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman un vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.
Afronta su examen clave en el Congreso
El proyecto de ley afronta ahora un examen clave en el Parlamento el próximo 10 de junio, ya que la norma podría decaer o ser aprobada, y en este segundo caso, hay todavía cuestiones abiertas de su contenido en las enmiendas presentadas por los partidos políticos.
Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a todas las plataformas de afectados.
En la sesión celebrada este martes en la Comisión de Trabajo del Parlamento se ha visualizado esta situación, con varios grupos –como ERC, PNV, Coalición Canaria y Sumar– que han expresado su apoyo a dar alguna solución al colectivo, aunque se difiera con algunas cuestiones del texto final de la ley.
